Esto es lo comunicado por Didier Reynders, quien presentó ayer el tercer informe sobre el Estado de Derecho en la UE, donde analiza país por país las debilidades de los sistemas judiciales y enumera las reformas más apremiantes, en una entrevista concedida a el diario El Mundo el pasado 14 de Julio de 2022.

Hace muy poco el Gobierno ha conseguido impulsar, con el apoyo de sus aliados nacionalistas e independentistas y por un método superexprés, la contrarreforma de la reforma que él mismo llevó a cabo hace sólo unos meses para impedir que el Consejo General del Poder Judicial, con mandato caducado hace más de tres años, pudiera realizar cualquier tipo de nombramiento. Ahora, el Ejecutivo necesita que el CGPJ nombre a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque de esa forma él también podrá elegir a otros dos y cambiar el signo conservador del actual tribunal por otro progresista.

Esta reforma de la reforma ha sido calificada de "chapuza" incluso por formaciones que la han apoyado, y de "cacicada" y "modificación a medida del interés del Gobierno" por la oposición. Los dos principales partidos, PP y PSOE, se han enzarzado en un cruce de reproches por "secuestrar la Justicia", "vulnerar la Constitución" y "minar el estado de Derecho".

P.- Pero en Europa vienen siguiendo la situción de la Justicia en España desde hace algún tiempo.

Para el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, los problemas de España no son ninguna novedad: la renovación y reforma del CGPJ y la inquietante relación entre la Fiscalía y el Ejecutivo, algo que Bruselas lleva años destacando. El comisario entiende bien los corsés de la política, pero la paciencia se agota tras cuatro años de parálisis. Si el diálogo no basta, dice, considerarán todas las opciones a su disposición para meter presión y abre la mano a castigar la falta de acción.

P.- El informe de este año dice cosas muy parecidas a los anteriores, pero hay novedades.

Es la misma metodología de los años anteriores, rigurosa y ya verificada, pero por primera vez incluimos recomendaciones. Se hacen con un sistema muy sólido, hablando con todos los actores implicados. El Gobierno, la Fiscalía, las asociaciones de jueces, sociedad civil. Y hemos intentado que esté lo más actualizado posible.

P.- No es ninguna sorpresa que algunos gobiernos, entre ellos el español, traten de impulsar ciertas cosas justo estas semanas de julio para que no estén recogidas en el informe en detalle.

Les enviamos los borradores hace semanas, incluyendo las recomendaciones por si detectaban algún error técnico o por si había evoluciones de último minuto en España, o por si había que añadir decisiones parlamentarias. Hemos intentado contarlo todo pero hay muchas decisiones en las últimas semanas, en diferentes países. Queremos hablar con todos los grupos políticos y llevar el debate a los parlamentos nacionales. Es todo un ciclo, y en septiembre empezaremos ya el siguiente. Sé que para las autoridades nacionales es tentador intentar sacar adelante ciertas cosas en los últimos días para evitar el control, pero aun así en algún momento tenemos que poner la fecha de corte.

P.- Dice que las recomendaciones concretas son una novedad, pero en los informes anteriores, ¿no había algo parecido?

No es lo mismo. Las recomendaciones ayudarán a centrar el debate. Hay una lista de recomendaciones precisas y facilitan el seguimiento. El año que viene sabremos si nos hacen caso o no, sin generalidades. En las recomendaciones se pide que sigan las reformas necesarias, como la digitalización del sistema de justicia, destinar más recursos humanos para el sistema. No es un papel para un debate teórico, queremos desarrollar mejoras reales .

P.- Las deficiencias llevan años esbozándolas sin resultados.

Sólo en parte. El Plan de Recuperación de España, necesario para los desembolsos de fondos europeos, incluyen un buen número de hitos y reformas. Hacen falta leyes y reformas del sistema judicial para los fondos y se están haciendo. Hemos visto las primeras buenas reacciones, por ejemplo en digitalización. Dicho eso, es cierto que seguimos teniendo las mismas discusiones, sobre todo sobre el Consejo General del Poder Judicial. En las recomendaciones pedimos que se renueven los miembros de una vez, pues hay una parálisis de nombramientos desde hace demasiado tiempo. Y recomendamos también, justo a continuación, la reforma del mecanismo de elección para que España cumpla completamente con los estándares europeos, para que la mayoría de los magistrados los elijan los propios jueces. Sabemos que en España es necesario un entendimiento entre la mayoría y la oposición, y hemos tenido contactos con líderes de ambos. Seguiremos haciéndolo, pero la recomendación es muy clara: organicen de una vez el proceso.

P.- Lo mismo pasa con la Fiscalía.

La relación o dependencia de la Fiscalía General del Ejecutivo es una preocupación recurrente que hemos reflejado en todos los informes hasta la fecha. Es un tema más confuso, complicado. Ha habido muchas discusiones y nosotros queremos la separación entre los mandatos de la Fiscal General y el del Gobierno. Si son el mismo, hay riesgo de que no haya independencia entre ambos y la percepción entre la ciudadanía es que puede haber vulnerabilidad, demasiada politización. Queremos cuerpos más independientes y autónomos.

P.- En las últimas semanas ha habido movimiento respecto al Tribunal Constitucional y no sólo al CGPJ. ¿Qué les llega?

Prestamos mucha atención al CGPJ porque es el cuerpo superior. Si el Consejo es independiente, con total respeto a los estándares europeos, es posible tener independencia real en todos los cuerpos del sistema. Dicho eso, no en todos los países europeos hay órganos iguales o equivalentes al CGPJ. Nosotros no queremos que haya el mismo modelo en todas partes, pero sí que dispongan de mecanismos que cumplan con los estándares establecidos. En España, por ejemplo, nunca se ha puesto en duda la primacía del Derecho Europeo, como ha ocurrido en Alemania o Polonia. En España, la situación del CGPJ dista de ser perfecta, por decirlo suavemente, pero lo que queremos evitar es una regresión, reincidir, cambios que empeoren la situación o que se deshagan las cosas que funcionan. Si el Gobierno hubiera insistido en la reforma que intentó hace un tiempo habríamos tenido que ir al Tribunal de Justicia, como con Polonia. En las recomendaciones del informe se cita expresamente la situación del CGPJ, pero no se habla del Constitucional porque no tenemos la misma preocupación. Únicamente instamos a que los nombramientos se hagan de la forma apropiada.

P.- Pero quiere una reforma lo antes posible del CGPJ, no sólo su renovación.

Hemos hablado con todos los implicados, con las asociaciones. Es necesario renovar los miembros del Consejo y a continuación, lo antes posible, empezar la reforma del sistema de elección. Por desgracia, después de que durante años haya sido imposible ver cambios se vuelve cada vez más difícil. En el pasado hemos tenido muchas conversaciones, discusiones. Ha habido conclusiones en diferentes informes y ahora hay recomendaciones. Si aun así tras años sigue sin haber avances quizás tengamos que ir al TJUE para poner presión. Sabemos que el problema es político, que no hay mayoría suficiente, pero la parálisis permanente no es una opción.

P.- ¿Las recomendaciones hacen que esté más cerca recurrir al TJUE? Hasta ahora decían que los procedimientos de infracción y recursos sólo eran una posibilidad si el Gobierno buscaba mayor control político, como hizo hace un par de años, pero no por los retrasos.

En los temas económicos, la UE dispone de las llamadas recomendaciones específicas por país, que tienen mucho peso, y existe algo parecido en los planes de recuperación, que son quid pro quo. Nosotros no teníamos nada parecido y pensamos que era positivo disponer de la herramienta. Ya decíamos cosas muy claras pero disponer de este mecanismo puede reforzar la legislación. Cinco o seis ideas por país que permiten un seguimiento más preciso. Así podemos explicar precisamente lo que los gobiernos deben hacer. Espero que sea posible asumirlo para el Gobierno y el Parlamento españoles, dar respuesta a una petición concreta. Si al final del año no hay ninguna señal, ninguna respuesta o avance, meteremos más presión dialogando, ante tribunales o lo que haga falta. Sabemos que para ciertas cosas, algunas reformas o cambios, es imposible terminar en un año pero queremos que de una vez empiecen de verdad, que se pongan los cimientos, que haya borradores legales, o discusión presupuestaria o recursos, sin excusas. Es el objetivo. Si en uno, dos o tres años, depende del caso, no hay ningún progreso usaremos todos los instrumentos, incluyendo procedimientos de infracción y el recurso ante el TJUE. Sabemos que para España es imposible ciertas cosas sin el acuerdo entre mayoría y oposición, y entendemos que a veces puede ser imposible antes de las elecciones. Pero cuando se enquista durante tantos años... algo hay que hacer.