Publicado en el diario El Mundo.

Articulo de opinión por FRANCISCO BELTRÁN, Actualizado Lunes, 21 agosto 2023

El Rey felicita a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La mayoría de los análisis que leemos acerca de la posición del Rey ante la investidura se plantean en forma de dilema. Así, mientras que unos afirman que el Rey debe proponer automáticamente al líder de la lista más votada, otros aseguran que su obligación es decantarse por aquel que reúna un mayor apoyo parlamentario.

Pero si algo no podemos pedir a la Corona es que se posicione a favor de unos u otros, pues está en su esencia el ser neutral. En realidad, el asunto es más sencillo de lo que parece y, de existir tal dilema, está relacionado más bien con las posturas de los partidos que con las opciones que el Rey tiene ante sí.

El artículo 99 de la Constitución (CE) dice simplemente que «el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno», sin especificar si este candidato debe ser el líder del partido más votado o el que más apoyo parlamentario suscite.

Ni siquiera se exige que haya obtenido la condición de representante en el Congreso, de modo que la CE permite al Rey proponer incluso a alguien que no sea parlamentario, como fue el caso del mismo Pedro Sánchez, en 2018. Por tanto, nadie puede alegar un «derecho» a ser investido, algo que carece de apoyo normativo.

Puesto que la letra de la ley no ayuda, vayamos a los precedentes. Siempre se ha ofrecido la investidura al partido más votado, pero el motivo ha sido que el más votado era quien tenía más posibilidades de conseguir los votos necesarios para la investidura. Este, no obstante, no es el caso tras el 23-J, dado que ahora el ganador de las elecciones podría ser el perdedor en la investidura y viceversa, y de ahí surge la duda.

Como es conveniente salir cuanto antes de la interinidad que conlleva un gobierno en funciones, parece de sentido común que el Rey debe proponer a aquel candidato que, en el momento de la propuesta -este matiz es importante-, tenga más posibilidades de lograr el nombramiento, aunque posteriormente pueda no lograrlo. Este es el objetivo de la ronda de consultas que prevé el artículo 99 y que comienza hoy, consultas que carecerían de sentido si la propuesta recayera automáticamente en el más votado.

El problema es que tener más o menos apoyos es algo volátil hasta la misma votación, y el Rey no puede actuar sobre hipótesis, sino sólo sobre datos ciertos que se le deben ofrecer en las consultas. Lo que nos deja ante la pregunta clave: ¿cómo sabe el Rey qué candidato reúne más apoyos de cara a la investidura?

En circunstancias normales, son los propios líderes de los grupos los que deben comunicar al Rey a quién van a apoyar como candidato, un apoyo que debe ser también público y notorio. Sin embargo, hace tiempo que no nos encontramos en circunstancias «normales», sino más bien anómalas.

Para empezar, los líderes de algunos grupos políticos que han obtenido representación parlamentaria (Junts, ERC, Bildu y BNG) ni siquiera acuden a las consultas con el Rey, porque piensan que de hacerlo estarían otorgando una legitimidad a la Corona que en su opinión no posee, olvidando que la legitimidad del Rey proviene de la Constitución, la misma que otorga legitimidad y legalidad a su propia elección como representantes. Pero si no comunican al Rey el sentido de su voto, ¿cómo puede este saber qué respaldo tiene cada candidato? Que otros le digan al Rey lo que aquellos dicen que van a hacer no es aval suficiente, porque pueden estar mintiendo o haber sido engañados. Y otros candidatos podrían decir lo mismo. ¿A quién debe creer el Rey?

Por otra parte, así como hay grupos que han definido públicamente el sentido de su voto, otros prefieren esperar al discurso de investidura del candidato, una posición razonable, porque lo que cuenta, en última instancia, es el compromiso manifestado en el discurso en el Congreso.

En las circunstancias actuales -que bien pueden haber cambiado tras el resultado la votación de la mesa del Congreso- parece difícil que alguien pueda garantizar al Rey que dispone de los apoyos necesarios. Y más cuando ERC y Junts han advertido de que su voto del pasado jueves no prejuzga su posición ante la investidura. ¿Cuánto suman unos y otros? Hoy por hoy no lo sabemos. Si esa certeza no se materializa en un plazo razonable, lo lógico es proponer al más votado con objeto de activar el plazo para la investidura, sabiendo que si aquel no obtiene los apoyos que necesita habrá una segunda investidura con otro candidato tras una nueva ronda de consultas.

Pensemos qué ocurriría si el Rey, basándose en presunciones, hipótesis o supuestos, propusiera a un candidato que no contara en ese momento con los apoyos públicos necesarios. En ese caso las protestas del resto no se harían esperar: ¿por qué él y no yo? Cualquiera puede alegar que tiene conversaciones privadas que le aseguran los apoyos necesarios. Lo que está claro es que el Rey no puede actuar sobre la base de conjeturas, ya que esto rompería su obligada neutralidad.

En cualquier caso, es evidente que el Rey debe proponer a un candidato sólo en el caso de que este pueda acreditar de modo fehaciente y público apoyos que sumen más de los que puede acreditar su contrincante, idealmente los 176 escaños necesarios.

Hay que insistir en la importancia de la ronda de consultas. El Rey es la única institución que va a escuchar a todos y es, por lo tanto, el único que dispondrá de información de primera mano fiable y no basada en rumores o hipótesis. Y el Rey es quien tiene la responsabilidad constitucional de ponderar y valorar todo ello. Este es el sentido objetivo de las consultas. Por ello, en las circunstancias actuales de enorme confusión acerca de los apoyos con que cuentan unos y otros, y descartado un acuerdo entre el PP y el PSOE, lo único sensato y razonable es que los candidatos se pongan claramente a disposición del Rey. Y, más que exigirle un «nómbrame a mí», lo único que deberían decir es: «Señor, estoy a disposición de la Corona para lo que pueda decidir». Lo contrario es dar por descontada la ronda de consultas y menospreciar la información que el Rey va a recibir y que ellos no tienen.

Por lo demás, ¿tan difícil es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y lleven una propuesta al Rey, en lugar de forzarlo a actuar de árbitro de sus disputas? Nos encontramos de nuevo con el mal llamado «bibloquismo», es decir, la negativa del PSOE, no ya a pactar, sino incluso a hablar con el PP. Dado que el mecanismo constitucional de la investidura de un presidente del Gobierno y el papel del Monarca en él están diseñados para funcionar en un entorno de consenso político, esta negativa al diálogo es otra anomalía que caracteriza el panorama político de la España de los últimos años.

Mientras los partidos no hagan sus deberes, que es para lo que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, estarán trasladando su responsabilidad a otros actores políticos, sean estos los ciudadanos (nuevas elecciones), los jueces (judicialización de la política) o, como en este caso, el Rey.

En estas circunstancias de contienda política -contienda en el peor sentido de la palabra- es cuando más podemos apreciar la neutralidad que la Constitución otorga al Rey. En ausencia de tal cosa estaremos, efectivamente, ante un dilema, pero no nos equivoquemos a la hora de endosar la responsabilidad sobre el mismo.

Francisco Beltrán es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO)

Nota del editor;

Articulo fino del autor en que se analiza perfectamente el intento de crear un dilema al Rey con intención partidista sin duda por parte del perdedor de las elecciones. Sitúa y define con claridad meridiana que la responsabilidad de la situacion es la negativa cerril,y hasta pueril, a hablar con el PP por parte del PSOE, al coste de lo que sea y cediendo todo lo que los partidos que ni siquiera van a ver al Rey le pidan, de modo opaco y sin transparencia, desde amnistia hasta referendum local -que no nacional-, y reconocimiento de un supuesto de autodeterminación que no tiene el mas minimo encuadre juridico. Y todo esto "secreto"...